12/09/2022

La Justicia ordenó reabrir el camino de acceso al Lago Escondido.

La Justicia ordenó reabrir el camino de acceso al Lago Escondido.
La Justicia ordenó reabrir el camino de acceso al Lago Escondido.
El fallo ratifica la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el Lago Escondido a través del camino Tacuifí.

La Justicia de Bariloche ratificó un fallo del 2013 que ordena reabrir el camino de acceso al Lago Escondido, cercado por la propiedad del empresario inglés Joseph Lewis.

Así fue resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Familia, de Minería y Contencioso Administrativo de Bariloche, integrada por los jueces Marcela Pájaro, Jorge Serra y Federico Corsiglia, quien votó en disidencia.

El fallo ratifica la sentencia del juez civil Marcelo Cuellar, quien en febrero de 2013 ordenó al Estado provincial que realice los trabajos necesarios para garantizar el tránsito hasta el Lago Escondido a través del camino Tacuifí (en el Paraje El Foyel).

Los magistrados se pronunciaron tras analizar apelaciones que habían presentado en la causa tanto la provincia de Río Negro y Hidden Lake S.A (propiedad de Lewis) contra esa sentencia del 2013.

En julio pasado, organizaciones sociales y políticas, centrales sindicales y gremios habían reclamado a la Cámara que emitiera una sentencia en el juicio por el libre acceso al Lago Escondido, una resolución que de acuerdo a los plazos procesales debía haberse conocido a principios de junio.

“A lo largo de todo este tiempo, la lucha incansable del pueblo en las calles es la que finalmente ha logrado que se haga justicia por el libre acceso a un bien público que nunca debió ser arrebatado”, dijo Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma Río Negro y secretario Adjunto de ATE Nacional quien ha encabezado numerosas movilizaciones en demanda de la apertura del camino al Lago Escondido, denunciando la extranjerización de la tierra.

"La historia muestra que magnates como estos siempre quisieron apoderarse de nuestras tierras y de recursos tan valiosos como el agua. Lo repudiable son los políticos y una justicia servil a intereses extraños a nuestra patria, que intentaron siempre garantizar impunidad frente a semejante saqueo. Debemos festejar y defender este fallo que le pone freno a la conquista de la colonia británica en nuestra cordillera", completó el dirigente.

Los firmantes advirtieron que la Cámara de Bariloche debía «decidir sobre los insólitos planteos de (Joseph) Lewis para no acatar la sentencia del año 2013, mediante la cual el juez de Ejecución de Bariloche Carlos Marcelo Cuellar determinó que el Gobierno de Río Negro debía garantizar el acceso libre y seguro al Lago Escondido, por las distintas vías existentes, en un plazo de 90 días».

En la causa se reclama que el Estado provincial implemente lo dispuesto por la Justicia rionegrina hace casi diez años, para garantizar el acceso al Lago Escondido y el uso público de los senderos que llevan hasta ese espejo de agua.

El expediente está caratulado como «Odarda, María Magdalena y otros c/ Vial Rionegrina Sociedad del Estado y otros s/ ejecución de sentencia».

Los dos caminos que permitan llegar hasta ese espejo de agua de singular belleza están ubicados en el área cordillerana de Río Negro, dentro de la propiedad de alrededor de 8 mil hectáreas del magnate inglés.

Desde hace años se realiza la llamada ‘Marcha de la Soberanía’, que reúne a personas de diversos puntos del país con el objetivo de llegar a Lago Escondido a través de los dos senderos que la Justicia provincial reconoció como públicos para practicar allí deportes náuticos, entre otras actividades.

Mediante este nuevo fallo, la Provincia de Río Negro -a través de Vialidad Rionegrina y el CODEMA- tiene tres meses para abrir el camino de Tacuifí, un mes para realizar los trabajos de transitabilidad, señalizaciones y operatividad en el sendero largo o camino de montaña y tres meses para llevar adelante todas las actuaciones administrativas como restricciones al domino, para evitar inconvenientes o amenazas para quienes quieren ingresar a un bien de dominio público.