Denuncia por millonario fraude al Ipross: Apuntan al Colegio de Farmacéuticos

Por primera vez desde que se conoció el mega fraude contra el Ipross, que conduce Claudio Di Tella, se dio a conocer un comunicado oficial donde indican que la obra social puso toda su estructura a disposición de la justicia para avanzar en la investigación de la maniobra que podría alcanzar los 100 millones de pesos, a través de la adulteración de facturas.

"Es objetivo del gobierno provincial que se llegue hasta las últimas consecuencias en la determinación de las responsabilidades de este hecho del cual la obra social es víctima. De comprobarse la maniobra fraudulenta con un perjuicio económico hacia la obra social, ésta accionará penalmente contra los responsables", indica el comunicado de prensa.

La denuncia, que fue realizada por el Colegio de Farmacéuticos de Rio Negro contra algunos de sus propios afiliados, habría generado un perjuicio económico para el Ipross con una millonaria estafa que llevaría más de ocho años concretándose.

A través de un comunicado de prensa, que no lleva el nombre de ningún funcionario del Ipross, se indica que el convenio que liga  a la obra social con el Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Río Negro data del año 2010 y en su cláusula quinta dispone que la administración del sistema es facultad del Colegio, con las consecuentes responsabilidades que genere la gestión irregular de esa potestad.

"En tanto, como paso previo al pago periódico de las facturas remitidas por el Colegio de Farmacéuticos, el Ipross realiza un control basado en el sistema de muestreo, donde se verifica la presentación formal de la documentación", detallaron.

La denunciada presunta adulteración o falsificación de las recetas escapa al ámbito de control de la obra social, y constituye un delito de acción pública propio del Colegio de Farmacéuticos, y coloca al Ipross en carácter de víctima del delito denunciado.

"Sin perjuicio de ello, las autoridades del Instituto quedan a disposición del Ministerio Público Fiscal para colaborar en todos aquellos actos que posibiliten determinar las responsabilidades penales del caso y, consecuentemente, en caso de confirmarse el presunto perjuicio económico, iniciar las acciones tendientes a perseguir la recuperación del mismo", explicaron. (TodoRoca)