ATE deberá pagar $250.000 e indemnizar a funcionarios

El gremio ATE y otras organizaciones sociales, deberá realizar un aporte de 250.000 pesos al hospital Francisco López Lima, indemnizar a varios funcionarios de organismos públicos y no ocupar edificios del Estado al menos durante dos años. Bajo esas condiciones, el juez Federal Hugo Greca hizo lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba, tras la audiencia realizada esta mañana en el edificio de calle España y San Martín.

No era una sola causa sino varias. Entre ellas, la violenta ocupación a las oficinas de Desarrollo Social de la Nación -organismo que encabeza Miriam Saigg- por parte de la Organización de Desocupados en Lucha (ODEL), además de las delegaciones de Anses, Senasa, PAMI y un pozo petrolero de la empresa YPF.

En la audiencia estuvo presente el fiscal Alejandro Moldes, los querellantes en representación de YPF, de la Policía Federal (un efectivo lesionado) y de los organismos nacionales, además de Ailín Roca, quien representaba a Rodolfo Aguiar, y otros 14 dirigentes sindicales.

El acuerdo comprendió los expedientes 19825/16, 4631/17, 2140/18, 476/18, 6446/18, 1464/18, 15815/16 y 8838/16 en los que se los imputaba por los delitos de cortes de ruta, toma de pozos de gas y petróleo, usurpación, lesiones, privación ilegítima de la libertad, daños, resistencia y atentado a la autoridad y ocupación de edificios públicos nacionales, entre otros.

La querella de los funcionarios que se vieron violentados en sus tareas solicitaron al juez el pedido de disculpas formales por parte de la dirigente del gremio y también solicitaron que se abone una suma de 250.000 peso que serán abonadas en calidad de donación al hospital Francisco López Lima. También se deberá indemnizar con sumas que van desde los 5.000 a los 10.000 a las personas que fueron agredidas durante las respectivas ocupaciones.

"En una de las ocupaciones en Desarrollo Social, nos tiraron gas pimienta, nos golpearon. Fue una situación muy violenta" dijo el abogado Nicolás Suárez Colman, uno de los querellantes en la causa quien también se encontraba en uno de los edificios públicos.

Para Aguiar, un logro

Para el dirigente Rodolfo Aguiar, la suspensión del juicio a prueba fue un logro más dentro de los 30 procesos que tenía acumulados en la Justicia.

"Se trata de un acuerdo ampliamente satisfactorio que nos permite evitar un juicio en más de 30 causas en las que la justicia pretendía llegar a procesarnos por el simple hecho de reclamar mejoras laborales y sociales. Se nos imputaban delitos federales gravísimos. Sin dudas que esta decisión del Juez Greca pone límites al grave proceso de criminalización y persecución judicial que padecemos desde hace tiempo en la provincia", señaló Aguiar.

A través de un comunicados de prensa, desde ATE señalaron que "el acta rubricada entre las partes estipula una reparación económica simbólica destinada como una donación a una Institución de Bien Público, que en este caso será de 250.000 pesos al Hospital Francisco López Lima de la ciudad de General Roca y otras sumas menores destinadas a algunos damnificados". (TodoRoca.com)